Lo que nos preguntan antes de solicitar una verificación

Es la entidad que comprueba, antes de que el gestor autonómico emita los certificados, que una actuación de eficiencia energética se ha ejecutado, que su documentación cumple los requisitos y que el ahorro declarado se ha calculado correctamente. El Real Decreto 36/2023 reserva esa función a las entidades acreditadas por ENAC; la Orden TED/815/2023 y el esquema RDE-33 concretan los requisitos (UNE-EN ISO/IEC 17029 y UNE-EN ISO 14065).

Los sujetos obligados (comercializadoras de gas y electricidad, operadores mayoristas de productos petrolíferos y operadores de gases licuados del petróleo) y los sujetos delegados acreditados por el Coordinador Nacional. El propietario del ahorro que no es sujeto obligado ni delegado no solicita la verificación directamente: cede su ahorro mediante un convenio CAE y es el sujeto obligado o delegado quien presenta la solicitud.

Una actuación estandarizada está recogida en una ficha del catálogo aprobado por la Orden TED/845/2023; el ahorro se calcula con la fórmula de la ficha. Una actuación singular no tiene ficha: el solicitante presenta una memoria técnica con su propia metodología y el verificador examina, además de la documentación, la exactitud técnica de los cálculos y de las mediciones. El esquema RDE-33 las sitúa en los niveles 1 y 2, respectivamente.

El sujeto delegado es una entidad con acreditación del Coordinador Nacional que asume, mediante un contrato de delegación, el compromiso de obtener y liquidar CAE por cuenta de un sujeto obligado, cuya obligación individual de ahorro se mantiene (Orden TED/815/2023, art. 10.1); puede solicitar la emisión de CAE. El verificador, con acreditación de ENAC, comprueba los ahorros antes de la emisión y no puede ser sujeto obligado ni delegado, ni haberlo sido en los tres años anteriores (Orden TED/815/2023, art. 12.4).

Depende de la ficha aplicable. Con carácter general: el convenio CAE firmado, si el ahorro se ha cedido; las facturas de la actuación, los certificados de instalación, la ficha técnica del equipo o del material, el reportaje fotográfico, la referencia catastral y, en edificación, el certificado de eficiencia energética. La lista vinculante es la que figura en la ficha del catálogo.

Una inexactitud es cualquier discrepancia, omisión o incumplimiento detectado en el expediente: una superficie distinta entre dos piezas, un documento sin firma, un importe con IVA donde se exige sin IVA. Se comunica con un plazo de subsanación. Si una inexactitud importante no se corrige en plazo o la corrección es insuficiente, el dictamen es desfavorable.

No publicamos plazos genéricos: dependen del número de actuaciones, de la documentación inicial y de las subsanaciones. El plazo de cada verificación se fija por escrito en la oferta y en el plan de verificación. Después, el gestor autonómico dispone de 15 días para resolver la solicitud de emisión de una actuación estandarizada y de 30 días para una singular (Real Decreto 36/2023, art. 13.2).

No hay una tarifa pública. El precio de cada encargo se fija en la oferta de verificación y depende del número de actuaciones, de su tipo (estandarizada o singular), de las fichas aplicables y de la necesidad de una visita in situ. Ninguna oferta anticipa el resultado del dictamen.

Mediante el informe de inexactitudes (D5), que se emite por versiones sucesivas. Cada inexactitud lleva número, fecha de detección, fecha de comunicación, clasificación, estado y actuaciones afectadas. El solicitante responde a cada una con la documentación corregida y el equipo actualiza el estado en la versión siguiente.

Sí. Puede retirar una actuación sin abandonar el expediente; una adenda deja constancia del cambio. También puede desistir del expediente completo en cualquier momento mediante el documento de desistimiento (D10) firmado. Las condiciones económicas aplicables en cada caso figuran en la oferta aceptada.

Se formaliza una adenda (D8) con el ahorro anterior, el ahorro modificado y la diferencia por actuación, firmada por ambas partes antes del informe de verificación. El dictamen recoge únicamente el ahorro verificado, que es el que el solicitante presenta después ante el gestor autonómico para la emisión de los CAE.

En formato electrónico, con la firma electrónica cualificada del verificador jefe y del revisor técnico, junto con el lote documental final. El dictamen recoge una de las cuatro decisiones del esquema RDE-33: favorable; favorable con inexactitudes no importantes; desfavorable, con inexactitudes importantes; o imposibilidad de emitir dictamen. Con un dictamen favorable, el solicitante pide la emisión de los CAE al gestor autonómico competente: por regla general, el de la comunidad autónoma donde se ejecutó la actuación; si la actuación excede de una comunidad autónoma, al Coordinador Nacional, y en movilidad, al gestor autonómico del domicilio del propietario original del ahorro (Orden TED/815/2023, art. 14.5).

VERICENDRA prepara su solicitud de acreditación ante ENAC como verificador de ahorro energético del sistema CAE, conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17029 y al esquema RDE-33. A día de hoy no dispone de acreditación, no ofrece verificaciones y no anuncia ninguna fecha. Solo aceptará encargos con acreditación vigente y dentro del alcance de la acreditación, e informará antes por escrito de su situación.

No. El buscador de entidades acreditadas de ENAC (enac.es) solo recoge a los organismos que ya disponen de acreditación, y VERICENDRA todavía no la tiene: prepara su solicitud de acreditación ante ENAC. Antes de encargar una verificación con efectos ante el gestor autonómico, compruebe en ese buscador que el organismo figura con el alcance que necesita.

Es el esquema de acreditación de ENAC específico para los organismos de verificación del sistema CAE, basado en las normas UNE-EN ISO/IEC 17029:2019 y UNE-EN ISO 14065:2021. Su revisión 3, de junio de 2025, define los dos niveles de acreditación, las funciones de verificación, revisión técnica y decisión, y la firma electrónica cualificada del informe y del dictamen.

El esquema RDE-33 distingue el equipo de verificación, dirigido por el verificador jefe, con uno o varios verificadores que examinan las evidencias, y dos funciones ajenas al equipo: el revisor técnico, que revisa el expediente y el informe, y la persona que adopta la decisión. El solicitante conocerá la identidad del equipo antes de iniciar los trabajos.

Un verificador no puede participar en la ejecución de las actuaciones que verifica ni en su evaluación previa (Orden TED/815/2023, art. 13.2). VERICENDRA se compromete a que cada miembro del equipo declare sus posibles conflictos de intereses antes de intervenir y a que el revisor técnico no haya tenido relación con el expediente, como exigen la norma UNE-EN ISO/IEC 17029 y el esquema RDE-33. El detalle figura en la página de garantías.

La información del expediente se utilizará únicamente para la verificación encargada y el acceso se limitará a las personas que intervengan en el expediente. La plataforma en desarrollo incorporará un registro de consultas y la conservación de los documentos emitidos protegidos frente a modificaciones. El detalle figura en la página de garantías.