Verificación de ahorros energéticos: qué comprueba el verificador CAE

Porque el CAE es un reconocimiento fehaciente de un ahorro real, y alguien ajeno a la actuación tiene que comprobarlo antes de que la Administración lo convierta en certificados. El artículo 13.1 de la Orden TED/815/2023 obliga a los sujetos obligados y delegados a someter previamente sus ahorros a un verificador de ahorro energético con acreditación de ENAC, y el artículo 14.2 impide pedir la emisión de CAE sin un dictamen favorable.

El verificador no es un gestor ni un asesor. No prepara el expediente, no calcula el ahorro por cuenta del solicitante y no decide la emisión de los certificados. Su papel es comprobar, con un método documentado, que la información aportada está completa, que es veraz y que cumple el catálogo o la normativa aplicable (RD 36/2023, art. 12.4).

Para que esa comprobación tenga valor, el verificador tiene que ser independiente. No puede haber participado directa ni indirectamente en la actuación, ni siquiera en su valoración previa (Orden TED/815/2023, art. 13.2). Explicamos cómo se organizará esa independencia en nuestras garantías.

El RDE-33 fija un nivel de aseguramiento limitado. El verificador no repite la obra ni audita cada factura con criterios contables: obtiene evidencias suficientes para concluir si hay o no inexactitudes importantes. Una inexactitud es importante cuando, sola o sumada a otras, supera el grado de importancia o afecta al tratamiento que la Administración dará a la información.

El grado de importancia cuantitativo se fija por actuación y por rangos de ahorro: el 5 % hasta 10 MWh, el 3 % entre 10 y 50 MWh y el 2 % por encima de 50 MWh (RDE-33, 4.3). A eso se suma la materialidad cualitativa: errores de calidad, presentación o gestión documental que pueden influir en la decisión.

Dos matices importan al solicitante. Primero, en una actuación estandarizada, una desviación causada por aplicar mal la fórmula de la ficha no se beneficia de esos umbrales. Segundo, el verificador puede negarse a emitir un dictamen favorable si, de forma justificada, el conjunto de hallazgos pudiera llevar a una decisión desfavorable de la Administración, aunque cada uno esté por debajo del umbral.

El RDE-33 exige que el evaluador (el verificador jefe) y el revisor técnico firmen el informe y el dictamen con firma electrónica cualificada, basada en certificados de prestadores incluidos en la lista de confianza (4.3.4). La nota del esquema añade que la Administración no admite documentos modificados tras la firma, firmas cuya identidad o validez no pueda comprobarse ni firmas realizadas con aplicaciones como «DocuSign».

Para el solicitante, la consecuencia es concreta: un dictamen con una firma no válida puede bloquear la solicitud de emisión. Conviene comprobar la firma al recibir el documento, con cualquier validador de firma electrónica cualificada.

Si, después del dictamen, aparecen hechos nuevos, por ejemplo porque el gestor autonómico detecta un problema, el organismo debe aplicar un procedimiento documentado, informar por escrito al solicitante y, si procede, emitir un nuevo dictamen que anule expresamente el anterior (RDE-33, 4.3.5).

Muchas de las inexactitudes que surgen en una verificación son evitables: superficies que no coinciden entre la factura y el certificado, fotografías que no permiten identificar la zona tratada, certificados sin registrar o documentos sin firma. Revisar el expediente con la ficha delante antes de enviarlo reduce el número de requerimientos de subsanación.

La lista de documentación por tipo de actuación recoge la que figura en las fichas y en la Orden, y puede marcarse e imprimirse. VERICENDRA prepara su solicitud de acreditación ante ENAC y, a día de hoy, no dispone de acreditación: la situación se explica en la página de acreditación. Para cualquier consulta, escríbanos desde contacto o consulte nuestros servicios de verificación.